Sin embargo, poco tiempo después las cosas empiezan a cambiar. En 1970 se crea el SEREM (Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos), lo que luego fue el Imserso. Nació como un servicio para personas con discapacidad de la seguridad social, e inicialmente sólo atendía las discapacidades físicas. Luego fue creciendo con otras discapacidades. 

 

En 1978, de la integración del SEREM y del Servicio de Asistencia a Pensionistas (SAP), nace el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso), antecedente del actual Instituto. 

Mi recorrido también cambia con el accidente y un año después del mismo, me vincula para el resto de mi vida al movimiento asociativo. Entonces, con la principal asociación de nuestro país, ‘La Frater’ (Fraternidad Católica de Enfermos),  que era una asociación de ayuda mutua, sin paternalismos, dirigida por las propias personas con discapacidad, y eso era un avance. 

Entonces yo era jesuita, aunque todavía no me había ordenado. Habíamos hecho una revolución ideológica muy bonita y en la víspera de mi accidente había decidido ir en verano a picar a las minas, no para ser obrero, sino para conocer ese otro mundo donde se vivía de otra manera, y acercarnos un poco a su conocimiento. 

 

Cuando, estando todavía en el hospital, me pidieron colaborar con La Fraternidad, sentí ganas de salir corriendo, pero pensé que mi idea de ir a la mina se materializaba en esa ayuda que me pedían, esa era mi mina, mi trabajo. Yo era uno de ellos. 

 

La creación del SEREM fue una revolución, pero en Minusval 74, el congreso organizado por el SEREM, fue donde explotó todo. Fue un encuentro de todas las personas con discapacidad, gente joven y funcionarios técnicos que empezaban a trabajar con un colectivo nuevo.

 

Luego se van sucediendo los acontecimientos: en 1976, en el SEREM de La Coruña se encierra un grupo de personas con discapacidad física protestando por la falta de trabajo; al poco tiempo, hay otro encierro similar en Barcelona… estamos en plena transición y ebullición. Nace la Cemfe. 

 

Fue entonces cuando Ramón Trías Fargas, que tenía un hijo con síndrome de Down, escribió una carta a ABC donde se preguntaba por qué el Parlamento no aprobaba una ley para la discapacidad. El Parlamento acaba de formarse, tras la aprobación de la Constitución, y finalmente, cuando se logró que esta ley saliera adelante sería la primera que se aprobó a iniciativa del Parlamento, y no del Gobierno. Aunque habría que esperar al año 1982. 

 

Trías Fargas sería el presidente de la Comisión que  elaboró la Ley de Integración Social del Minusválido.

 

Hubo tres proyectos dedicados a la elaboración del texto de esa ley. El Real Patronato, que había nacido en el ministerio de Educación para cubrir la falta de atención a la discapacidad de entonces, elaboró uno de esos textos, que estaba bien armado porque utilizaron buenos profesionales. 

 

Por su parte, en el Congreso buscaron al letrado mayor de las Cortes para que les hiciera la ley, y de ahí surgió el segundo texto.

 

Y finalmente, el SEREM trabaja con todos los representantes del mundo de la discapacidad en la elaboración de su texto.

 

Una vez finalizados los tres proyectos, me los envían a mí para su estudio. Hice un análisis político de lo que me interesaba. Técnicamente estaban bien hechos el del Real Patronato y el del SEREM, hice un escrito combinando y enlazando las ideas de ambos textos, pero dejándome guiar por el esquema del SEREM. 

 

Y tras recibir mi trabajo, Gonzalo Payo, de UCD, vicepresidente de la Comisión de Minusválidos del Parlamento, envió el texto tal cual yo se lo había remitido. 

 

Uno de los principales temas de discusión de la ley era el sistema de valoración. Nosotros, que éramos radicales, les decíamos “no queremos etiquetas”, “no queremos pasar por tribunales”… y al final nos dijeron que para crear derechos había que determinar quiénes merecían esos derechos, saber quién tenía una discapacidad. Y vimos que era razonable. 

 

Ese trabajo quedó casi ultimado en pocos meses, seguramente en 1979, y podía pasar a pleno y que se aprobara. Pero estábamos en una situación de crisis importante, de 23% de paro, pactos de Moncloa… el Congreso aparcó la ley. No salía. Nosotros insistíamos en su importancia, asegurando que ya estaba lista para su aprobación, pero estuvimos insistiendo sin resultado. 

 

Finalmente se aprobó con UCD, casi al límite, y como un movimiento más de campaña de cara a las elecciones de 1982.

 

 

Miguel Pereyra, Presidente de la Fundación Tutelar de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha y Secretario del CERMI Castilla-La Mancha